La Policía ha allanado sedes de organizaciones humanitarias y aprisionado a algunos de sus trabajadores, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recortó la financiación a las ONG y el Parlamento prepara normas para regularlas. Quienes ayudan a los más necesitados en Venezuela no tienen duda: están bajo ataque.
Todo esto ha ocurrido en cuestión de semanas, en las que el chavismo gobernante subió el tono en contra de las organizaciones no gubernamentales, convertidas en enemigas de la llamada revolución bolivariana, según el discurso oficialista.
El acorralamiento se produce, además, justo cuando el 80 % de la población se encuentra en pobreza extrema o, como lo expresa la ONU, millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias urgentes.
Criminalizar la ayuda
«Consideramos que mantener el hostigamiento y la criminalización de la ayuda humanitaria tiene un único perjudicado: las personas», dice a Efe Luis Francisco Cabezas, director de la ONG Convite, una entidad que ayuda a ancianos pobres y que fue objeto de un operativo policial a mediados de diciembre pasado.
Luego de ese episodio, que terminó con Cabezas rindiendo declaración en una sede policial, Convite pudo recuperar los equipos que les habían sido confiscados en medio del allanamiento, pues -asegura el director de esa organización- no han incurrido en ninguna ilegalidad al ayudar a 25.000 personas en los últimos 15 años.
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